El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, analizó en el XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario -celebrado en noviembre en Madrid- una reciente sentencia del Alto Tribunal en la que el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV) tuvo un papel determinante como acusación.
Durante su intervención en la mesa titulada Novedades Jurisprudenciales, De Porres glosó los aspectos esenciales de esta resolución, que dio la razón al ICOFCV y confirmó la condena por un delito de intrusismo profesional, imponiendo al acusado un año de prisión y la obligación de indemnizar al perjudicado con 12.000 euros.
El magistrado señaló que la resolución deja abierta la vía para un posible concurso con un delito de estafa, aunque en este caso no pudo apreciarse al no constar este extremo en los hechos probados de la sentencia de instancia, requisito indispensable para su valoración en casación.
El decano del ICOFCV, Josep Benítez, ya destacó en su momento la importancia de esta sentencia para la protección de las profesiones sanitarias y la seguridad de los pacientes. “No solo refuerza nuestra profesión, sino que también protege el derecho de los ciudadanos a recibir atención sanitaria de calidad. No podemos permitir que personas sin escrúpulos se lucren a costa de la salud de los pacientes”.
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